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LOGROS DEL GOBIERNO NACIONAL

El Presidente Rafael Correa Delgado y el Gobierno de la República del Ecuador han impulsado, desde su proyecto político preelectoral y desde el inicio de su gestión, transformaciones profundas en aras de construir un Estado incluyente y justo. De hecho, la Nueva Constitución fue elaborada por una Asamblea Constituyente democrática y participativa, con los aportes de las más diversas organizaciones de la sociedad ecuatoriana, relegadas tradicionalmente por los gobiernos anteriores. Luego, la Constitución fue aprobada mediante referendo con una voluntad del 70% de la población, con el apoyo de todas las organizaciones indígenas del país.

Nuestra Constitución señala que el Ecuador es “un Estado de derechos y justicia”, plurinacional e intercultural. Todo su texto está cruzado por las garantías que protegen a los pueblos ancestrales y a las nacionalidades indígenas. Es decir, como pocas constituciones del mundo, la nuestra nos provee de las herramientas para la aplicación de los derechos humanos, vías de solución para los problemas y mecanismos de amparo integral para la ciudadanía.

Gracias a la voluntad de cambio expresada en las urnas, el Presidente Correa y su Gobierno comenzaron a materializar las demandas históricas de los sectores populares, del movimiento indígena y de la sociedad civil, tales como:

• La aprobación de un nuevo marco jurídico (Constitución y Leyes Orgánicas) para la construcción de una sociedad soberana, justa y democrática. El paso de una democracia representativa a una democracia de plena participación y de un Estado liberal de derecho a un Estado constitucional de derechos y justicia.
• El reconocimiento pleno a la diversidad intercultural, étnica, de género, religiosa, educativa.
• La priorización de la inversión social como expresión del cambio de un Estado adorador del mercado a un Estado garantista de los derechos humanos y de la naturaleza. Reconocimiento y protección a los grupos vulnerables de atención prioritaria.
• La recuperación íntegra de la Soberanía Nacional y de la Dignidad. La terminación del acuerdo de la base aérea de Manta y la salida de las tropas extranjeras, así como la defensa de la integridad territorial.
• La renegociación de la deuda externa comercial privada y la realización de una auditoría pública integral de la deuda.
• Eliminación de la tercerización laboral y recuperación de los derechos de organización de los trabajadores.

El conjunto de leyes que habilitan la nueva Constitución tiene como soporte la más inédita y amplia participación ciudadana, en una Asamblea Nacional, bajo una línea de transparencia y puertas abiertas.

Leyes de extrema importancia están en el tapete de la discusión pública. Se pueden mencionar:

• el Proyecto de Ley de Agua -el agua, constitucionalmente, es considerada “un derecho humano”, patrimonio nacional estratégico inalienable, inembargable, imprescriptible, y está prohibida cualquier forma de privatización),
• o la Ley de Minería, aprobada con un sinnúmero de modificaciones, para atender todos los Derechos de la Naturaleza que garantiza nuestra Constitución,
• o la Ley de Soberanía Alimentaria, que instituyó el Consejo Nacional, con participación campesina e indígena,
• o el Proyecto de Ley de Educación y el Proyecto de Ley de Educación Superior, que garantizan el acceso universal a una educación de alta calidad,
• o los Proyectos de Leyes de Participación Ciudadana, de Comunicación, de Servicio Público, y otros.

Estas leyes benefician a casi todos los segmentos de la sociedad, lo que ha desatado una intensa dinámica política y una amplia movilización social, nada extrañas si el empeño es diseñar una nueva arquitectura jurídica y financiera para el siglo XXI.

El Gobierno también ha emprendido la tarea de materializar el Mandato constitucional de organizar los Consejos de Igualdad, que reemplazarán a las antiguas instituciones de género, pueblos, etáreas y de discapacidades.

El Gobierno Nacional, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir o Sumak Kawsay, impulsa la construcción un de nuevo modelo de desarrollo (ir de un Estado rentista, extractivista y excluyente, a uno productivo y justo). El Gobierno y el país entero han desplegado ingentes esfuerzos para modificar las duras condiciones de vida de la mayoría de la población. Ningún gobierno anterior ha realizado, en ningún rubro, la inversión e inclusión social plasmada por nuestro Gobierno.

Los primeros beneficiarios de tales acciones han sido las conciudadanas y los conciudadanos que habitan las comunidades y pueblos indígenas y afroecuatorianos.
En estos tres años se destacan: el aumento significativo del Bono de Desarrollo Humano (el Estado destina $43 494 885 cada mes para entregar $35 dólares a más de 1.200.000 beneficiarios); la inversión en vivienda alcanzó los $460 millones, es decir más de siete veces lo invertido por los gobiernos de Jamil Mahuad-Gustavo Noboa ($22millones), Lucio Gutiérrez ($24 millones) y Alfredo Palacio ($22 millones).
Uno de los sectores en el que más se invirtió fue el de la salud con una suma de $1.755 millones que financiaron:
• 469 establecimientos de salud remodelados,
• 52 establecimientos de salud construidos,
• $119 millones invertidos en equipos,
• 152 ambulancias nuevas adquiridas,
• $182 millones destinados para medicina gratuita,
• 14.977 profesionales de la salud contratados y
• 1.753 equipos básicos de salud adquiridos,
Lo que ha permitido igualar al estándar de atención privada y a lo que se agregan la creación de programas de salud pública que aseguran el acceso gratuito, la calidad profesional y técnica y la calidez humana en el servicio.
Para la educación se destinaron $3.732 millones con los siguientes rubros:
• 931.488 niños/as reciben uniformes escolares gratuitos.
• 1´401.068 niños/as reciben desayunos y almuerzos gratuitos.
• 2´687.735 estudiantes reciben mochilas con textos escolares gratuitos.
• 14.902 partidas docentes asignadas a establecimientos educativos.
• 3.920 escuelas reconstruidas y ampliadas.
• 5 Unidades Educativas del Milenio construidas y 10 más en construcción.
• Eliminación de $25 y $30 de matrícula en establecimientos públicos.
• Pago puntual a los maestros desde hace tres años, elevación de sus salarios y bonificaciones.

Hay que destacar la amplia concertación lograda con las organizaciones campesinas e indígenas para ejecutar el Plan Nacional del Buen Vivir Rural que se impulsa dentro del proyecto de Revolución Agraria y que contempla, entre otros, la entrega de centenares de miles de hectáreas de tierras productivas en manos del Estado a favor comunidades rurales agrarias.

El Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas han sido acogidos y ratificados por nuestro país, y estamos inmersos en un proceso jurídico visible para su plena aplicación.

Por todo lo señalado, por lo avanzado en estos tres años de ejercicio democrático, resulta injusto el llamado de la dirigencia actual de la mencionada organización, el mismo que no solamente viola cualquier precepto de nuestra Constitución, sino que atenta contra el camino elegido por los pueblos y nacionalidades del Ecuador de construir, EN PAZ Y EN DEMOCRACIA, una Patria para todas y todos.

Ante la existencia de sectores interesados en interrumpir y afectar la Constitución y la democracia, de separar y dividir el Ecuador, es obligación de las autoridades nacionales alertar en este sentido.