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CASO CHEVRON/RESUMEN DE LA DÚPLICA SUPLEMENTARIA DE ECUADOR DE MARZO 2015 (traducción no oficial)

Jurisdicción

El Tribunal no tiene jurisdicción sobre cualquiera de las reclamaciones de Chevron sobre denegación de justicia o incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI). En primer lugar, no existe un vínculo entre las reclamaciones de Chevron y un “acuerdo de inversión”, como lo exige el TBI. El Tribunal ya ha constatado que el Acuerdo de Solución de 1995 no puede considerarse como un “acuerdo de inversión” en el sentido del TBI. Y a diferencia de Texpet, Chevron no era parte en el Contrato de Concesión de 1973, ni invirtió nunca un dólar en Ecuador. En segundo lugar, no hay conexión entre el Acuerdo de Solución de 1995 y el juicio de Lago Agrio. Si bien el Tribunal concluyó en su primer laudo parcial que el Acuerdo de Solución de 1995 dirime las llamadas “demandas difusas” en virtud del artículo 19.2 de la Constitución del Ecuador, el juicio de Lago Agrio concierne el agravio de derechos individuales, como el Tribunal admitió, en su decisión de 12 de marzo de 2015. Por consiguiente, todos los reclamos de Chevron que se relacionan con el juicio de Lago Agrio, no tienen vinculación con sus derechos en virtud del Acuerdo de Solución 1995.

Adicionalmente, el Tribunal no tiene jurisdicción sobre el reclamo de TexPet porque no es ni una parte de, ni tiene ninguna afectación por el litigio de Lago Agrio.

Agotamiento de recursos

El reclamo de Chevron sobre denegación de justicia debe ser rechazado por la razón adicional de que ha fallado en agotar los recursos internos que están disponibles para corregir la mala conducta judicial que alega. Es un principio bien aceptado del derecho internacional consuetudinario, que el reclamo por denegación de justicia no puede prevalecer en los casos en que no se han agotado los recursos internos. Aun suponiendo que las acusaciones de Chevron fueran ciertas, que no lo son, su reclamo de denegación de justicia falla porque la Sentencia de Lago Agrio está todavía en revisión ante la Corte Constitucional de Ecuador. Además, Chevron supuestamente sabía de la presunta mala conducta del juez Zambrano y pudo haberlo recusado o reportado ante el Consejo de la Judicatura. Eligió no hacerlo. No puede sentarse de brazos cruzados dejando de tomar cualquier acción, para estar al acecho y utilizar la supuesta mala conducta como una póliza de seguro en caso de una decisión adversa. Más aún, Chevron podría tener y todavía puede perseguir una acción bajo la Ley de Enjuiciamiento de la Colusión, que está diseñada específicamente para brindar un remedio en caso de que una decisión judicial se haya obtenido por fraude. El juez que conozca tal acción, se reserva el derecho de anular la sentencia supuestamente corrupta. Chevron argumenta que dichos recursos son inútiles pues el Poder Judicial no es independiente del Poder Ejecutivo, mismo que Chevron dice, es abiertamente adverso a ésta. Sin embargo, numerosos tribunales ecuatorianos han fallado a favor de Chevron, tanto en el caso de Lago Agrio como en otros.

Denegación de Justicia / Reclamo según el TBI

Chevron alega que Ecuador ha violado las disposiciones del TBI de trato justo y equitativo, el deber de proporcionar medios eficaces para hacer valer los derechos de los inversores, el deber de brindar protección y seguridad plena, y el deber de abstenerse de imponer medidas arbitrarias o discriminatorias. Todos estos supuestos incumplimientos del TBI fracasan por una razón uniforme, a saber, que todas estas infracciones dependen en última instancia de la conducta del sistema judicial de Ecuador, y por lo tanto están limitadas por la doctrina de agotamiento de recursos internos.

Incluso si el Tribunal considerase que el principio de agotamiento de recursos no se aplica a las reclamaciones en virtud del TBI, el Tribunal aún debe interpretar cada disposición sustantiva del TBI de conformidad con las normas del derecho internacional consuetudinario, como nivel mínimo de protección. En otras palabras, las disposiciones sustantivas en cuestión no son estándares de lex specialis que se pueden leer de forma independiente de los principios del derecho internacional.

Por último, independientemente de la norma empleada, Chevron ha fallado en establecer que la conducta real del Ecuador ha violado las disposiciones sustantivas del TBI. En otras palabras, las acusaciones de que un tercero escribió la Sentencia de Lago Agrio no se han establecido, y las demás alegaciones, aunque fueran ciertas (como los discursos políticos proporcionados por el Presidente Correa) no dan lugar a una violación del TBI.

La Ley Ecuatoriana

Las Demandantes (Chevron y Texpet) pretenden convertir al Tribunal Arbitral en un tribunal de apelación supranacional, por lo que han desafiado todos los aspectos imaginables del litigio de Lago Agrio con argumentos infundados y, a veces, frívolos. Ecuador abordó y refutó cada uno de los argumentos de las Demandantes y, además, expuso la estrategia de Chevron para interrumpir y retrasar el proceso de Lago Agrio, creando al mismo tiempo un registro artificial de presuntas violaciones del debido proceso para su posterior uso en los procedimientos de arbitraje y de ejecución fuera del Ecuador. En su última presentación, las Demandantes dividieron sus reclamos sobre la aplicación de la ley ecuatoriana en “absurdos jurídicos” y “violaciones del debido proceso”. En cuanto a la primera, Ecuador estableció que la Corte de Lago Agrio aplicó la ley y la jurisprudencia expresa y apropiadamente en todos sus aspectos. En cuanto a la segunda, Ecuador estableció que las reclamaciones de las Demandantes se basan en manifiestas malinterpretaciones de los hechos y la ley aplicable y demostró que la Corte analizó cada una de las alegaciones de Chevron correctamente bajo el derecho procesal y sustantivo ecuatoriano.

Por último, en respuesta al cuestionamiento recurrente de las Demandantes de que la revisión realizada por las Cortes de Apelación y Casación fue inadecuada, Ecuador explicó que la Corte de Apelación examinó debidamente los reclamos levantados en las mociones de apelación de las partes, citando el expediente del proceso para comprobar que la decisión de la Corte de primera instancia fue ampliamente respaldada. Basándose en la legislación ecuatoriana y la amplia jurisprudencia, Ecuador también refutó la reclamación de las Demandantes de que las Cortes de Apelaciones y casación estaban obligadas a examinar y pronunciarse sobre supuestas pruebas de fraude presentadas por Chevron, estableciendo que Chevron buscó ampararse en pruebas nuevas que no fueron encontradas en el expediente de la Corte de primera instancia, lo cual es inadmisible. Por consiguiente, ni la Corte de Apelación ni la Corte de Casación tenían competencia para pronunciarse sobre supuestas pruebas de fraude, pues utilizar pruebas inadmisibles por cualquier corte en Ecuador, constituye una violación del debido proceso para la parte contra la que dicha evidencia se admite y es motivo de nulidad de la sentencia resultante.

Escritura de la Sentencia de Lago Agrio por terceros

La más reciente documentación presentada por Ecuador, demuestra cómo la acusación de que las partes de Lago Agrio escribieron la Sentencia de primera instancia, falla a la luz de la evidencia disponible. Para empezar, ninguna de las pruebas documentales de las Demandantes tiene un valor independiente. Más bien, el vínculo entre las pruebas y su narrativa depende del testimonio de Alberto Guerra. Conforme Ecuador ha explicado anteriormente y nuevamente en esta dúplica suplementaria, Guerra es en sí mismo poco fiable. Su disco duro revela que su historia es una mentira. Su computadora no tiene ningún borrador o parte de la Sentencia, tampoco hay órdenes judiciales emitidas durante el segundo mandato del juez Zambrano, no hay correspondencia de correo electrónico con el juez Zambrano y las Partes de Lago Agrio, y no hay copias de ningún producto de trabajo, supuestamente no ingresado al expediente del proceso por tales Partes. Además, ninguna de las órdenes del Juez Zambrano, de las que Guerra afirma haber sido autor, se originaron en la computadora de Guerra. Él no es más que un mercenario testimonial, al que las Demandantes han pagado y entrenado para decir lo que mejor sirve a su caso.

La evidencia objetiva y contemporánea, por otro lado, refuta las alegaciones de las Demandantes. Dicha evidencia se concentra en tres aspectos. En primer lugar, el abogado de las Partes de Lago Agrio intercambia varios correos electrónicos internos en los meses y semanas previas a la emisión de la Sentencia, lo que indica que no sabían cuándo o cómo el juez Zambrano podría emitir su Sentencia. En segundo lugar, la evidencia forense demuestra que las Partes de Lago Agrio no escribieron la Sentencia. Discos duros del juez Zambrano contienen evidencia consistente con la conclusión de que él redactó la Sentencia en sus computadoras, utilizando para ello sitios web de investigación y traducción legal. El documento que con el tiempo se convirtió en la Sentencia fue creado en el ordenador del juez Zambrano cuando reasumió la jurisdicción sobre el caso y ese documento se ha guardado, editado y contenía porcentajes cada vez mayores del texto final de la Sentencia en el período de tiempo adecuado. Otras contiendas de las Demandantes -incluyendo que la Sentencia copia los documentos no ingresados al expediente del proceso por las Partes de Lago Agrio- descansa en premisas falsas y se contradice con pruebas contemporáneas, incluyendo correos electrónicos adicionales del abogado de las Partes de Lago Agrio y la evidencia en vídeo de que tales documentos fueron presentados a la Corte de Lago Agrio durante inspecciones judiciales.

Contaminación

La evidencia -tanto del proceso de Lago Agrio como la recogida por expertos ambientales independientes nombrados por Ecuador- muestra que la Corte de Lago Agrio determinó adecuadamente la responsabilidad de Chevron por la contaminación tóxica que dejó en la región. Las pruebas tomadas durante el juicio de Lago Agrio muestran que la cantidad de petróleo dejado en el Oriente es masiva. Basándose únicamente en los datos recogidos por Chevron, Louis Berger Group, la firma de expertos nombrada por el Ecuador, estima que hay aproximadamente 22 millones de kilogramos de petróleo crudo en el suelo de la selva. Y en contraste con las afirmaciones de Chevron de que cualquier crudo tóxico que dejó fue “seguramente” enterrado en pozos, muestran que un total del 94% del crudo se encuentra en el suelo, fuera de los pozos. El desastre ambiental de Chevron en Ecuador es seis veces mayor que el producido por el derrame del Exxon Valdez.

Los expertos nombrados por Ecuador encontraron que en los sitios donde Chevron era el único productor de petróleo, la mayoría de los suelos, sedimentos y muestras de agua subterránea contienen contaminación por petróleo crudo por sobre los umbrales permitidos. La presencia de esta contaminación representa un riesgo para la salud de las personas que viven cerca la misma. En esencia, Chevron argumenta increíblemente que los carcinógenos en el petróleo crudo no suponen ningún riesgo para la salud en estas circunstancias. El experto de Ecuador, Dr. Harlee Strauss, ha evaluado el riesgo en un número de sitios operados por Chevron y encontró que existen riesgos asociados con cáncer y otros riesgos no asociados con cáncer para quienes viven en los alrededores. El otro experto de Ecuador, Dr. Philippe Grandjean ha demostrado que las pruebas de Chevron sobre ausencia de impacto relacionado con el cáncer, se basa en estudios defectuosos. Finalmente, la Dra. Blanca Laffon ha demostrado a través de su propia investigación independiente, que la exposición al petróleo genera daño en el ADN de los individuos (un marcador de mayor riesgo de cáncer) después de sólo unos meses de exposición –la gente en el Oriente ha estado expuesta a la contaminación de Chevron durante décadas.