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CASO CHEVRON/RESUMEN DE LA DÚPLICA SUPLEMENTARIA DE ECUADOR DE MARZO 2015 (traducción no oficial)

Monday, March 30th, 2015

Jurisdicción

El Tribunal no tiene jurisdicción sobre cualquiera de las reclamaciones de Chevron sobre denegación de justicia o incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI). En primer lugar, no existe un vínculo entre las reclamaciones de Chevron y un “acuerdo de inversión”, como lo exige el TBI. El Tribunal ya ha constatado que el Acuerdo de Solución de 1995 no puede considerarse como un “acuerdo de inversión” en el sentido del TBI. Y a diferencia de Texpet, Chevron no era parte en el Contrato de Concesión de 1973, ni invirtió nunca un dólar en Ecuador. En segundo lugar, no hay conexión entre el Acuerdo de Solución de 1995 y el juicio de Lago Agrio. Si bien el Tribunal concluyó en su primer laudo parcial que el Acuerdo de Solución de 1995 dirime las llamadas “demandas difusas” en virtud del artículo 19.2 de la Constitución del Ecuador, el juicio de Lago Agrio concierne el agravio de derechos individuales, como el Tribunal admitió, en su decisión de 12 de marzo de 2015. Por consiguiente, todos los reclamos de Chevron que se relacionan con el juicio de Lago Agrio, no tienen vinculación con sus derechos en virtud del Acuerdo de Solución 1995.

Adicionalmente, el Tribunal no tiene jurisdicción sobre el reclamo de TexPet porque no es ni una parte de, ni tiene ninguna afectación por el litigio de Lago Agrio.

Agotamiento de recursos

El reclamo de Chevron sobre denegación de justicia debe ser rechazado por la razón adicional de que ha fallado en agotar los recursos internos que están disponibles para corregir la mala conducta judicial que alega. Es un principio bien aceptado del derecho internacional consuetudinario, que el reclamo por denegación de justicia no puede prevalecer en los casos en que no se han agotado los recursos internos. Aun suponiendo que las acusaciones de Chevron fueran ciertas, que no lo son, su reclamo de denegación de justicia falla porque la Sentencia de Lago Agrio está todavía en revisión ante la Corte Constitucional de Ecuador. Además, Chevron supuestamente sabía de la presunta mala conducta del juez Zambrano y pudo haberlo recusado o reportado ante el Consejo de la Judicatura. Eligió no hacerlo. No puede sentarse de brazos cruzados dejando de tomar cualquier acción, para estar al acecho y utilizar la supuesta mala conducta como una póliza de seguro en caso de una decisión adversa. Más aún, Chevron podría tener y todavía puede perseguir una acción bajo la Ley de Enjuiciamiento de la Colusión, que está diseñada específicamente para brindar un remedio en caso de que una decisión judicial se haya obtenido por fraude. El juez que conozca tal acción, se reserva el derecho de anular la sentencia supuestamente corrupta. Chevron argumenta que dichos recursos son inútiles pues el Poder Judicial no es independiente del Poder Ejecutivo, mismo que Chevron dice, es abiertamente adverso a ésta. Sin embargo, numerosos tribunales ecuatorianos han fallado a favor de Chevron, tanto en el caso de Lago Agrio como en otros.

Denegación de Justicia / Reclamo según el TBI

Chevron alega que Ecuador ha violado las disposiciones del TBI de trato justo y equitativo, el deber de proporcionar medios eficaces para hacer valer los derechos de los inversores, el deber de brindar protección y seguridad plena, y el deber de abstenerse de imponer medidas arbitrarias o discriminatorias. Todos estos supuestos incumplimientos del TBI fracasan por una razón uniforme, a saber, que todas estas infracciones dependen en última instancia de la conducta del sistema judicial de Ecuador, y por lo tanto están limitadas por la doctrina de agotamiento de recursos internos.

Incluso si el Tribunal considerase que el principio de agotamiento de recursos no se aplica a las reclamaciones en virtud del TBI, el Tribunal aún debe interpretar cada disposición sustantiva del TBI de conformidad con las normas del derecho internacional consuetudinario, como nivel mínimo de protección. En otras palabras, las disposiciones sustantivas en cuestión no son estándares de lex specialis que se pueden leer de forma independiente de los principios del derecho internacional.

Por último, independientemente de la norma empleada, Chevron ha fallado en establecer que la conducta real del Ecuador ha violado las disposiciones sustantivas del TBI. En otras palabras, las acusaciones de que un tercero escribió la Sentencia de Lago Agrio no se han establecido, y las demás alegaciones, aunque fueran ciertas (como los discursos políticos proporcionados por el Presidente Correa) no dan lugar a una violación del TBI.

La Ley Ecuatoriana

Las Demandantes (Chevron y Texpet) pretenden convertir al Tribunal Arbitral en un tribunal de apelación supranacional, por lo que han desafiado todos los aspectos imaginables del litigio de Lago Agrio con argumentos infundados y, a veces, frívolos. Ecuador abordó y refutó cada uno de los argumentos de las Demandantes y, además, expuso la estrategia de Chevron para interrumpir y retrasar el proceso de Lago Agrio, creando al mismo tiempo un registro artificial de presuntas violaciones del debido proceso para su posterior uso en los procedimientos de arbitraje y de ejecución fuera del Ecuador. En su última presentación, las Demandantes dividieron sus reclamos sobre la aplicación de la ley ecuatoriana en “absurdos jurídicos” y “violaciones del debido proceso”. En cuanto a la primera, Ecuador estableció que la Corte de Lago Agrio aplicó la ley y la jurisprudencia expresa y apropiadamente en todos sus aspectos. En cuanto a la segunda, Ecuador estableció que las reclamaciones de las Demandantes se basan en manifiestas malinterpretaciones de los hechos y la ley aplicable y demostró que la Corte analizó cada una de las alegaciones de Chevron correctamente bajo el derecho procesal y sustantivo ecuatoriano.

Por último, en respuesta al cuestionamiento recurrente de las Demandantes de que la revisión realizada por las Cortes de Apelación y Casación fue inadecuada, Ecuador explicó que la Corte de Apelación examinó debidamente los reclamos levantados en las mociones de apelación de las partes, citando el expediente del proceso para comprobar que la decisión de la Corte de primera instancia fue ampliamente respaldada. Basándose en la legislación ecuatoriana y la amplia jurisprudencia, Ecuador también refutó la reclamación de las Demandantes de que las Cortes de Apelaciones y casación estaban obligadas a examinar y pronunciarse sobre supuestas pruebas de fraude presentadas por Chevron, estableciendo que Chevron buscó ampararse en pruebas nuevas que no fueron encontradas en el expediente de la Corte de primera instancia, lo cual es inadmisible. Por consiguiente, ni la Corte de Apelación ni la Corte de Casación tenían competencia para pronunciarse sobre supuestas pruebas de fraude, pues utilizar pruebas inadmisibles por cualquier corte en Ecuador, constituye una violación del debido proceso para la parte contra la que dicha evidencia se admite y es motivo de nulidad de la sentencia resultante.

Escritura de la Sentencia de Lago Agrio por terceros

La más reciente documentación presentada por Ecuador, demuestra cómo la acusación de que las partes de Lago Agrio escribieron la Sentencia de primera instancia, falla a la luz de la evidencia disponible. Para empezar, ninguna de las pruebas documentales de las Demandantes tiene un valor independiente. Más bien, el vínculo entre las pruebas y su narrativa depende del testimonio de Alberto Guerra. Conforme Ecuador ha explicado anteriormente y nuevamente en esta dúplica suplementaria, Guerra es en sí mismo poco fiable. Su disco duro revela que su historia es una mentira. Su computadora no tiene ningún borrador o parte de la Sentencia, tampoco hay órdenes judiciales emitidas durante el segundo mandato del juez Zambrano, no hay correspondencia de correo electrónico con el juez Zambrano y las Partes de Lago Agrio, y no hay copias de ningún producto de trabajo, supuestamente no ingresado al expediente del proceso por tales Partes. Además, ninguna de las órdenes del Juez Zambrano, de las que Guerra afirma haber sido autor, se originaron en la computadora de Guerra. Él no es más que un mercenario testimonial, al que las Demandantes han pagado y entrenado para decir lo que mejor sirve a su caso.

La evidencia objetiva y contemporánea, por otro lado, refuta las alegaciones de las Demandantes. Dicha evidencia se concentra en tres aspectos. En primer lugar, el abogado de las Partes de Lago Agrio intercambia varios correos electrónicos internos en los meses y semanas previas a la emisión de la Sentencia, lo que indica que no sabían cuándo o cómo el juez Zambrano podría emitir su Sentencia. En segundo lugar, la evidencia forense demuestra que las Partes de Lago Agrio no escribieron la Sentencia. Discos duros del juez Zambrano contienen evidencia consistente con la conclusión de que él redactó la Sentencia en sus computadoras, utilizando para ello sitios web de investigación y traducción legal. El documento que con el tiempo se convirtió en la Sentencia fue creado en el ordenador del juez Zambrano cuando reasumió la jurisdicción sobre el caso y ese documento se ha guardado, editado y contenía porcentajes cada vez mayores del texto final de la Sentencia en el período de tiempo adecuado. Otras contiendas de las Demandantes -incluyendo que la Sentencia copia los documentos no ingresados al expediente del proceso por las Partes de Lago Agrio- descansa en premisas falsas y se contradice con pruebas contemporáneas, incluyendo correos electrónicos adicionales del abogado de las Partes de Lago Agrio y la evidencia en vídeo de que tales documentos fueron presentados a la Corte de Lago Agrio durante inspecciones judiciales.

Contaminación

La evidencia -tanto del proceso de Lago Agrio como la recogida por expertos ambientales independientes nombrados por Ecuador- muestra que la Corte de Lago Agrio determinó adecuadamente la responsabilidad de Chevron por la contaminación tóxica que dejó en la región. Las pruebas tomadas durante el juicio de Lago Agrio muestran que la cantidad de petróleo dejado en el Oriente es masiva. Basándose únicamente en los datos recogidos por Chevron, Louis Berger Group, la firma de expertos nombrada por el Ecuador, estima que hay aproximadamente 22 millones de kilogramos de petróleo crudo en el suelo de la selva. Y en contraste con las afirmaciones de Chevron de que cualquier crudo tóxico que dejó fue “seguramente” enterrado en pozos, muestran que un total del 94% del crudo se encuentra en el suelo, fuera de los pozos. El desastre ambiental de Chevron en Ecuador es seis veces mayor que el producido por el derrame del Exxon Valdez.

Los expertos nombrados por Ecuador encontraron que en los sitios donde Chevron era el único productor de petróleo, la mayoría de los suelos, sedimentos y muestras de agua subterránea contienen contaminación por petróleo crudo por sobre los umbrales permitidos. La presencia de esta contaminación representa un riesgo para la salud de las personas que viven cerca la misma. En esencia, Chevron argumenta increíblemente que los carcinógenos en el petróleo crudo no suponen ningún riesgo para la salud en estas circunstancias. El experto de Ecuador, Dr. Harlee Strauss, ha evaluado el riesgo en un número de sitios operados por Chevron y encontró que existen riesgos asociados con cáncer y otros riesgos no asociados con cáncer para quienes viven en los alrededores. El otro experto de Ecuador, Dr. Philippe Grandjean ha demostrado que las pruebas de Chevron sobre ausencia de impacto relacionado con el cáncer, se basa en estudios defectuosos. Finalmente, la Dra. Blanca Laffon ha demostrado a través de su propia investigación independiente, que la exposición al petróleo genera daño en el ADN de los individuos (un marcador de mayor riesgo de cáncer) después de sólo unos meses de exposición –la gente en el Oriente ha estado expuesta a la contaminación de Chevron durante décadas.


CHEVRON CASE/SUMMARY OF MARCH 2015 SUPPLEMENTAL REJOINDER

Monday, March 30th, 2015

Jurisdiction

The Tribunal does not have jurisdiction over either Chevron’s denial of justice claim or its treaty claims. First, there is no link between Chevron’s claims and an “investment agreement,” as required by the BIT. The Tribunal has already found that the 1995 Settlement Agreement does not qualify as an “investment agreement” within the meaning of the Treaty. And unlike TexPet, Chevron was not a party to the 1973 Concession Agreement, nor has Chevron ever invested even one dollar in Ecuador. Second, there is no connection between the 1995 Settlement Agreement and the Lago Agrio Litigation. While the Tribunal found in its First Partial Award that the 1995 Settlement Agreement resolved so-called diffuse claims under Article 19.2 of Ecuador’s Constitution, the Lago Agrio Litigation concerned individual rights based in tort, as this Tribunal expressly found in its Decision of March 12, 2015. Accordingly, Chevron’s claims, all of which relate to the Lago Agrio Litigation, are unrelated to its rights under the 1995 Settlement Agreement.

Moreover, the Tribunal does not have jurisdiction over TexPet claim’ because it is neither a party to nor potentially affected by the Lago Agrio Litigation.

Exhaustion

Chevron’s denial of justice claim must be rejected for the additional reason that it has failed to exhaust local remedies that are available to redress the alleged judicial misconduct. It is a well-accepted principle of customary international law that a denial of justice claim cannot prevail where local remedies have not been exhausted. Even assuming Chevron’s allegations were true, which they are not, its denial of justice claim fails because the Lago Agrio judgment is still under review before the Constitutional Court of Ecuador. Further, Chevron allegedly knew of the alleged misconduct of Judge Zambrano and could have moved to recuse him or otherwise report him to the Judicial Council. It chose not to. It cannot sit idly by, fail to take any action, lie in wait, and use the alleged misconduct as an insurance policy in the event of an adverse decision. Further still, Chevron could have and may still pursue an action under the Collusion Prosecution Act (“CPA”), which is specifically designed to provide a remedy in the event a judicial decision has been procured by fraud. The presiding judge in such an action retains the right to nullify the supposedly corrupt judgment. Chevron argues that such remedies are futile because the judiciary lacks independence from the executive branch, which, Claimants allege, is openly adverse to Chevron. But numerous Ecuadorian courts have ruled in favor of Chevron, both in the Lago Agrio case and in other cases.

Denial of Justice/Treaty Claims

Claimants have alleged that the Republic has breached the fair and equitable treatment provision, the duty to provide effective means to investors to enforce rights, the duty to provide full protection and security, and the duty to refrain from imposing arbitrary or discriminatory measures. All of these alleged treaty breaches fail for one uniform reason, namely, that all these breaches ultimately depend on the conduct of Ecuador’s judicial system, and thus they are barred by the doctrine of exhaustion.

Even if the Tribunal were to find that the principle of exhaustion does not apply to Claimants’ treaty claims, the Tribunal must still interpret each substantive treaty provision in accordance with the standards of customary international law such as the minimum standard of protection. In other words, the substantive provisions at issue are not lex specialis standards that can be read independently from principles of international law.

Finally, regardless of the standard employed, Chevron has failed to establish that the actual conduct of the Republic has breached the substantive provisions of the treaty. In other words, the ghostwriting allegations have not been established, and the remaining allegations even if true (such as the political speeches provided by President Correa) do not give rise to a treaty breach.

Ecuadorian Law

Claimants seek to turn the Arbitral Tribunal into a supra-national court of appeals, and have thus challenged every conceivable aspect of the Lago Agrio Litigation with unmeritorious and, at times, even frivolous claims. The Republic fully addressed and refuted each of Claimants’ complaints, and further exposed Chevron’s strategy to disrupt and delay the Lago Agrio proceedings while simultaneously creating a synthetic record of purported due process violations for later use in the arbitration and enforcement proceedings outside of Ecuador. In their latest submission, Claimants bifurcated their complaints regarding the application of Ecuadorian law between so-called “legal absurdities” and “due process violations.” Regarding the first, the Republic established that the Lago Agrio Court expressly and appropriately applied Ecuadorian law and judicial precedent appropriately in all respects. Regarding the second, the Republic established that Claimants’ claims were based on gross misrepresentations of fact and applicable law, and demonstrated that the Court addressed every one of Chevron’s allegations correctly under Ecuadorian procedural and substantive law.

Finally, responding to Claimants’ recurrent challenge that the review performed by the Appellate and Cassation courts was improper, the Republic explained that the Appellate Court properly examined the claims raised in the parties’ appellate motions, citing the trial record to verify that the lower Court’s decision was amply supported. Relying on Ecuadorian law and ample judicial precedent, the Republic also refuted Claimants’ allegation that the Appellate Court and the National Court were obligated to examine and rule upon Chevron’s purported evidence of fraud, establishing that Chevron impermissibly sought to rely on new evidence not found in the trial court record. Accordingly, neither the Appellate nor the National Court had competence to rule upon Chevron’s alleged evidence of fraud because reliance on inadmissible evidence by any court in Ecuador constitutes a violation of due process to the party against whom the evidence is admitted and is grounds for nullification of the resulting judgment.

Ghostwriting

The Republic’s latest filing demonstrates how Claimants’ accusation that the Lago Agrio Plaintiffs “ghostwrote” the first-instance Judgment fails in light of the available evidence. To begin, none of Claimants’ documentary evidence has independent significance. Rather, it depends on the testimony of Alberto Guerra to link it together and narrate Claimants’ story. But as the Republic has explained previously and addressed again in its Supplemental Rejoinder, Guerra is inherently unreliable. Guerra’s hard drive reveals that his story is a lie. His computer contained no draft or portion of the Judgment, no orders issued during Judge Zambrano’s second tenure, no email correspondence with Judge Zambrano of the Plaintiffs, and no copies of any of the Plaintiffs’ allegedly unfiled work product. Moreover, none of the orders Guerra claims to have authored for Judge Zambrano actually originated on Guerra’s computer. He is nothing more than a testimonial mercenary, whom Claimants have paid and trained to say whatever best serves their case.

The objective, contemporaneous evidence, on the other hand, refutes Claimants’ allegations. This evidence falls generally into three categories. First, Plaintiffs’ counsel traded numerous internal emails in the months and weeks leading up to the Judgment’s issuance, indicating that they did not know when or how Judge Zambrano might rule. Second, the forensic evidence proves that the Plaintiffs did not ghostwrite the Judgment. Judge Zambrano’s hard drives contain evidence consistent with the conclusion that he drafted the Judgment on his computers, relying on Internet legal research and translation websites in the process. The document that eventually became the Judgment was created on Judge Zambrano’s computer when he resumed jurisdiction over the case and that document was saved, edited and contained increasing percentages of final Judgment text over the appropriate time period. Claimants’ other contentions—including that the Judgment copied from the Plaintiffs’ unfiled work product—rest on false premises and are contradicted by contemporaneous evidence, including additional emails from the Plaintiffs’ counsel and video evidence of documents being submitted to the Lago Agrio Court during judicial site inspections.

Pollution

The evidence — both in the Lago Agrio Court Record and gathered by the Republic’s independent environmental experts — shows that the Lago Agrio Court appropriately held Chevron responsible for toxic contamination Claimants left in the region. The evidence taken during the Lago Agrio Litigation shows that the amount of oil left in the Oriente is massive. Based solely on the data collected by Chevron, the Republic’s environmental experts, LBG, estimated that there is approximately 22 million kilograms of crude oil in the rainforest’s soil. And in contrast to Chevron’s claims that any toxic crude it left behind is “safely” buried in pits, a full 94% of the crude in the soil is located outside of pits. Chevron’s environmental disaster in Ecuador is equivalent to six Exxon Valdez spills.

At sites where Chevron was the only producer of oil, the Republic’s experts found that the majority of soil, sediment, and groundwater samples contain crude oil contamination exceeding relevant thresholds. The presence of this contamination poses a health risk to the people who live close to the contamination. Chevron essentially argues, incredibly, that the carcinogens in the crude oil pose no health risk in the circumstances here. The Republic’s expert, Dr. Harlee Strauss, has evaluated the risk at a handful of Chevron’s sites and found both cancer and non-cancer risks exist for people living nearby. Dr. Philippe Grandjean has shown that Chevron’s evidence of a lack of cancer impact is based on faulty studies. And Dr. Blanca Laffon has demonstrated through her own independent research that exposure to oil results in damage to individuals’ DNA (a marker of increased cancer risk) after only a few months of exposure — the people in the Oriente have been exposed to Chevron’s contamination for decades.


DOCUMENTOS CASO CHEVRON / CHEVRON CASE DOCUMENTS

Friday, March 27th, 2015

The following document was submitted by the Republic of Ecuador to the international arbitration hearing in the case between Chevron/Texaco and Ecuador.

  • Chevron Case: Summary of March 2015 Supplemental Rejoinder

  • SABOREA LO MEJOR DEL ECUADOR CON NUESTRO CAMARÓN DE PRIMERA CALIDAD

    Friday, March 20th, 2015

    La Embajada del Ecuador en los Estados Unidos anunció el lanzamiento de “First Class Shrimp”, una campaña de marketing de la Cámara Nacional de Acuacultura del Ecuador, que tiene como objetivo a promocionar el camarón ecuatoriano como un producto de clase mundial.

    Ecuador ha ganado lugar en el mercado mundial con una trayectoria de 40 años en la producción ambientalmente responsable de camarón y ahora se busca abrir paso en la distribución en el extranjero. La primera granja de camarón con certificación de producción orgánica del mundo se encuentra en Ecuador y ha sido reconocida en más de 50 países.

    “Queremos que todo el mundo sepa que nuestro camarón es de primera calidad”, dijo la ex-Embajadora de Ecuador en los Estados Unidos, Nathalie Cely la semana pasada durante una recepción oficial que tuvo como protagonista platillos a base de camarón. “El camarón ecuatoriano es el producto numero uno de exportación no petrolera de nuestro país con más de US $ 2,5000 millones exportados en el 2014. Más del 90% de los camarones del ecuatorianos tienen certificaciones internacionales que avalan nuestras mejores prácticas de acuicultura”.

    Ecuador es pionero en la producción de camarón con más de 40 años de investigación y desarrollo científico en las diferentes áreas. Camarón de primera calidad significa que el Ecuador es producido con las mejores prácticas de acuerdo con las normas nacionales e internacionales de acuicultura y su producción es social y ambientalmente responsable.

    “Ocupamos el tercer lugar como proveedores de camarón a los Estados Unidos, el primero en la Unión Europea, y un proveedor muy importante de Asia también”, dijo José Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura del Ecuador. “Nuestro sistema de producción de baja densidad (de 8 a 15 larvas por m²) permite a nuestros camarones tener más espacio y crecer con menos estrés, lo que asegura una mejor calidad del producto”. Estas y muchas otras cualidades sostienen nuestra industria y nos dan la oportunidad de ofrecer a los consumidores estadounidenses camarones de primera calidad!

    Para aprender más acerca de la calidad del camarón ecuatoriano y de sus altos estándares de producción, visita: www.thebestshrimpintheworld.com


    SAVOR THE BEST OF ECUADOR WITH OUR FIRST CLASS SHRIMP

    Friday, March 20th, 2015

    The Embassy of Ecuador to the U.S. announced the launching of “First Class Shrimp”, a marketing campaign by the Ecuador’s National Chamber of Aquaculture, aimed to promoting Ecuador’s shrimp as a world-class product.

    Ecuador has gained a foothold in the market with a 40-year track record in eco-friendly shrimp production and it is now looking to grow its distribution overseas. The first ever organic-certified shrimp farm in the world is located in Ecuador and its shrimp production has been recognized in more than 50 countries.

    “We want the whole world to know that our shrimp is First-Class,” said former Ambassador of Ecuador to the U.S., Nathalie Cely during the official reception where shrimp was featured last week “Ecuadorian shrimp is the first non-oil export product of our country with more than USD 2,5000 million exported in 2014. More than 90% of the country’s shrimp producers have international certifications that attest to our best aquaculture practices.”

    Ecuador is pioneer in shrimp production with more than 40 years of investigation and scientific development in different areas. First class shrimp means that Ecuadorian shrimp is being produced under the best aquaculture practices, according to national and international regulations and being socially responsible and environmentally friendly.

    “We are the 3rd shrimp provider to the United States, the first to the European Union, and a very important provider to Asia as well,” said José Antonio Camposano, President of Ecuador’s Chamber of Aquaculture. “Our low-density production system (8 to 15 larvae per sqm) allows our shrimp to have more space and grow with the less possible stress, which assures a better quality of the product”. These, and many others qualities, sustain our industry and give us the opportunity to offer the US consumers First Class Shrimp!

    To learn more about the quality of Ecuadorian shrimp and the high standards used in its production, visit: www.thebestshrimpintheworld.com